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Sáenz Peña: Causa Uncaus, la Justicia federal encontró graves irregularidades en el manejo de dineros

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El procesamiento por parte de la Justicia federal de las autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que surge a partir de una denuncia efectuada por la exlegisladora provincial de Cambiemos Ana María Canata, muestra una serie de supuestas irregularidades en donde se detectan movimientos millonarios de fondos públicos.

 

a actividad en la universidad, en tanto, es normal, mientras se elevó el oficio al Congreso de la Nación solicitando la intervención de la misma ante los hechos considerados de “suma gravedad” y en cuyo marco el juez federal subrogante, Aldo Alurralde, ordenó un embargo de 100.000.000 de pesos, además de procesar a Omar Judis, Walter López, Luis Pugacz, Enzo Judis y a Juan Carlos Tymkiw, prohibiéndoles la salida del país, debiéndose reportarse cada mes ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la calle Mitre de ésta ciudad.

 

La investigación se inicia a partir de la denuncia efectuada el 10 de marzo de 2016 por la entonces diputada provincial Canata, quien expone hechos que califica como “irregularidades en la gestión y administración de la Universidad Nacional de Chaco Austral Uncaus” y en razón de que ellos también afectarían el erario público. Delegada la causa el Ministerio Público Fiscal al formular el Requerimiento de Instrucción propuso medidas probatorias que fueron oportunamente dispuestas y luego ampliadas en el desarrollo de la investigación.

 

El juez Alurralde es categórico al señalar que “entre los años 2010 a junio de 2016”, el actual rector junto con otras personas allegadas, “organizaron y pusieron en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la Universidad Nacional de Chaco Austral -Uncaus- destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron, aprovechándose de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y en relación a la gran cantidad de fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondía”.

 

Las obras cuestionadas

 

Para la investigación que lleva adelante la Justicia federal, encuentra debidamente acreditada en esta etapa del proceso una serie de licitaciones y contrataciones directas efectuadas por el rector Omar Judis que configuran el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Para la investigación esos trámites administrativos se llevaron a cabo de manera fraudulenta. Las obras de mención quedaron registrados en los expedientes de la Universidad Nacional del Chaco Austral como el expediente 01-2011 -00397 mediante el cual refería a la ampliación del edificio de la casa de altos estudios, o el 01-2012-02241, caratulado “Construcción del Nuevo Edificio Tecnológico de la Uncaus”.

 

También entre las obras observadas por la justicia aparece el complementa miento del Multideportivo Uncaus y la construcción de la primera etapa de la pileta olímpica en el multideportivo.

 

Además los expedientes relacionados con la Licitación de la Unidad Médica y el alquiler de un inmueble en la ciudad de Resistencia aparecen en el ojo de la tormenta.

 

Desmenuzando los principales aspectos de cada una de ellas en el caso de la Ampliación del Edificio de la Uncaus surge que a la licitación se presentaron seis empresas constructoras. En el marco del procedimiento se conformó una Comisión Evaluadora de los proyectos, donde todos los integrantes eran al mismo tiempo empleados de Uncaus y percibían por ello haberes de la Universidad.

 

Obran registros de que algunas de las empresas formularon observaciones a algunos artículos del pliego de condiciones especiales y también al de específicas, que la comisión evaluadora rechazó a dos de las empresas por no cumplir con los requisitos d inscripción para construir obras públicas, y rechaza paralelamente las ofertas de las otras dos a pesar que una de ellas tenía una oferta inferiro en una suma cercana a los dos millones de pesos que la finalmente adjudicataria Tridelta. Además una vez adjudicada la obra, la empresa y el ministerio de Infraestructura, firmaron un convenio de colaboración cuando dicho ministerio estaba a cargo de Judis que paralelamente era el rector de la universidad y era el mismo rector el que fiscalizaba y autorizaba los pagos.

 

Además la investigación detecta el pedido de tres adicionales de obra, el primero de $ 3.657.047,1, El segundo adicional fue presentado ante el Ministerio de Infraestructura en fecha 5 de junio de 2012 por un monto de $ 1.075.229,16, y y el tercer adicional fue en fecha 19 de octubre de 2012 aprobado por Disposición 171 del Secretario Administrativo Luis Pugacz (Fs. sin foliar en Expte. 01-2011-00397) por un monto de $ 817.763,00.

 

El caso del Nuevo edificio tecnológico

 

La obra se inició con fondos provenientes de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación por el cual mediante Acuerdo con la Universidad se comprometía a financiar la misma por un monto de hasta $22.839.839 en un plazo de (24) meses. En total insumió casi el doble del presupuesto inicial consignado en el acuerdo, no cumpliéndose dentro del plazo estipulado.

 

Tampoco en este caso, en el pliego no se requirió certificación de la capacidad de contratación de las empresas y solo se aceptó constancia de inicio de trámite de inscripción ante el Registro de Constructores de la Nación incumpliendo lo establecido por la Ley de Obras Públicas. Con tan sólo la inscripción y sin el correspondiente certificado se adjudicó la obra a Tridelta S.A cuyo presidente es Juan Carlos Tymkiw, siendo la segunda obra adjudicada en el ámbito de la Universidad, ya que contaba con otra anterior.

 

Por otro lado se aprobaron modificaciones en el plazo de obra de 24 meses a 39 meses y en el monto del contrato que preveía un precio tope, se aprobaron sin consideración previa ni dictámenes de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, (según cláusula 10° del Convenio de Colaboración y Transferencia, (Fs. 48) sólo por Disposiciones del Secretario Administrativo de la Universidad Nacional del Chaco Austral.

 

En 39 meses que duró la obra, se registraron un total de quince (15 demasías y/o adicionales injustificados, que en algunas ocasiones habría correspondido un nuevo llamado a licitación pública, sin embargo continuaban adjudicándolas a la misma empresa favorecida Tridelta S.A. y disponiendo de fondos correspondientes al funcionamiento de la Uncaus provenientes del Tesoro Nacional, para financiar esas obras adicionales injustificadas, indica el expediente judicial.

 

“Completamiento del complejo multideportivo”

 

Este expediente fe iniciado por la secretaría Administrativa de la universidad el 31 de octubre de 2012 y utorizada ese mismo día de forma expedita por resolución firmada por el vicerrector de la universidad Walter López apunta la resolución judicial. Se presentaron nuevamente como en la mayoría de los llamados a licitación de Uncaus las empresas Tridelta S.A y MyD S.R.L. y la diferencia entre sus ofertas era de $3.741.056,83.

 

Firmó el contrato de adjudicación de la obra Luis Sebastián Pugacz en carácter de Secretario Administrativo. Como advirtió oportunamente la Fiscalía y conforme la aplicación de la normativa legal en vigencia, esta “facultad delegada” contraría lo normado por el Estatuto de la Universidad el cual establece que la delegación para gastos y contrataciones deberá establecerse según su monto y la disposición emanada de los Secretarios en estos supuestos deberá ser comunicada al Rector en las modalidades establecidas en el acto de delegación, extremo éste que no se ha realizado.

 

En éste y los otros casos citados más arriba, la justicia detecta el mismo modo de operar, con licitaciones que se adjudicaban a la misma empresa, más allá de que sus presupuestos eran superiores a otras ofertas, en franca violación de lo previsto por las normativas vigentes.

 

 

Fuente: Diario Norte

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