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Rolando Núñez: “Aída Ayala dijo no tener que ver en el caso Pimp, pero su entorno cercano era parte de la empresa”

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El titular del Centro de Estudios Nelson Mandela, Dr. Rolando Núñez en charla con Chaco En Línea Radio recordó que en el primer trimestre de 2015 investigó el contrato entre la Municipalidad de Resistencia y la empresa PIMP S.A.  para el manejo de residuos sólidos urbanos no convencionales. “Los convenios eran perjudiciales para las arcas municipales”, afirmó.

“Publicamos el documento, con base en hechos y en datos, en nuestra página con el título de Basura Naranja. Allí esta gran parte de la información que pudimos recoger y que estaba disponible: contratos societarios, edictos y conversar son personas que trabajaban en PIMP y no estaban registradas. Tratamos de saber sobre cuántas unidades para la recolección de residuos disponían y tratamos de conocer el historial de la empresa”, dijo Núñez.

Luego relató que la creación de la empresa, resultó ser poco tiempo antes de la primera contratación para el tratamiento de residuos y residuos no convencionales por 500 millones de pesos durante todo el tiempo de concesión. “Vimos cómo funcionaba antes de la contratación el tema de la recolección de la basura. La hacía el Municipio con su personal; las unidades recolectoras las mantenía el taller que funcionaba entonces. Y  vimos, luego, que el precio pagado por el servicio prestado era desproporcionado ya que al frente de esta empresa se encontraban personas sin trayectoria comercial ni empresarial como una jubilada que es la madre de Fischer y una señorita Fátima Rigassia, que tenía un pequeño local comercial. Seguimos con las investigaciones y fuimos acercándonos a quienes eran integrantes de la Intendencia en ese momento”, afirmó.

El titular del Centro Mandela dijo que así fue que estos convenios eran perjudiciales para las arcas municipales “y dejamos planteada y abierta esa conclusión. La nota que publicamos en nuestro sito fue levantada y reproducida por varios medios, con buena repercusión. Luego supimos que un grupo de vecinos junto al diputado Ricardo Sánchez y otros legisladores presentaron una denuncia penal en la fiscalía de investigación preliminar que estaba de turno en ese momento. Después corroboramos que la contratación no era transparente, hasta que apareció la aprobación de la adjudicación de la licitación  pública por la cual se contrataba el servicio de retiro, traslado y disposición final de residuos en favor de PIMP”.

Rolando Núñez aclaró que nunca se trató de un ataque dirigido a la ingeniera Ayala. “Nosotros no investigamos para atacar a la Intendenta. Lo hacemos desde el punto de vista social en el espacio de los derechos humanos, en la administración de los fondos públicos y en su funcionamiento. Observamos los hechos y publicamos un documento en mayo de 2015.  Creo que, seguramente, ese documento fue la base para que avanzara la denuncia penal. La reapertura de una causa penal debe tener argumentos muy sólidos. Y está muy bueno que, quienes denunciaron, reintenten en su demanda”.

El abogado indicó recordar que “durante la campaña electoral este tema tomó importancia. La intendenta era candidata a gobernadora. Y el tema ingresó al debate, quizá no muy bien, pero se instaló. Se supo que había posibilidades de alguna irregularidad porque quien manejaba a PIMP –Alejandro Fischer- a su vez era jefe de campaña y manejaba los fondos que la financiaban, una campaña muy costosa. La ingeniera Ayala dijo que no tenía nada que ver pero su entorno cercano era parte de la empresa.

Ñúnez tuvo palabras para el entonces candidato, Jorge Capitanich, quien dijo que, de ser electo intendente de Resistencia iba a revisar la licitación. “Cuando asume, los medios informaron que el jefe comunal  logró una reducción de la deuda del Municipio para con la empresa. Pero lo ideal sería que el intendente de Resistencia logre la rescisión de común acuerdo, de estos convenios que implican pagos desproporcionados para el Municipio”

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