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Memorándum con Irán: ¿Qué es el documento y qué dice la denuncia de Nisman?

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El documento que enfrentó al fiscal Nisman y al Gobierno de Fernández es un escueto acuerdo que nunca llegó a aplicarse.

 

 

El Memorándum de entendimiento Argentina-Irán es un texto de tres páginas redactado por triplicado (en español, farsi e inglés). Se compone de nueve puntos y fue firmado el 27 de enero de 2013 en Adis Abeba, capital de Etiopía, por los ministros de Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, y argentino, Héctor Timerman, en representación de los Gobiernos de Mahmud Ahmadineyad y Cristina Fernández de Kirchner.

 

Representa un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas. Una investigación judicial argentina determinó en 2006 que el Gobierno iraní había planeado el atentado, y que sus impulsores eran cinco exfuncionarios iraníes y un libanés miembro de Hezbolá, cuya detención solicitó a Interpol, que a su vez expidió órdenes de busca y captura contra los seis en 2007.

 

El punto más importante del documento es la creación de una denominada Comisión de la Verdad para cooperar con la investigación. La compondrían cinco comisionados y dos miembros designados por cada país (pero que no podían ser ni argentinos ni iraníes) seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional. Ambos países acordarían conjuntamente un jurista internacional como presidente de dicha comisión. Además, se establecía que el juez que investiga el atentado de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal especial del caso, Alberto Nisman, ambos argentinos, podrían interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán.

 

 

La presidenta Fernández presentó el principio de acuerdo como «un hecho histórico» por considerar que desbloquearía la investigación del atentado, aunque con el tiempo terminó revelándose irrelevante, sobre todo porque el Parlamento de Irán no lo aprobó y fue declarado inconstitucional por la Justicia de Argentina, con lo que nunca entró en vigor.

 

El 27 de febrero, un mes después de la firma y tras una sesión de 14 horas, la Cámara de Diputados argentina convirtió el memorándum en ley nacional por 131 votos a favor y 113 en contra, y entre grandes protestas de la comunidad judía en el país. En cambio, el 19 de mayo de 2013, Ahmadineyad lo firmó sin enviarlo al Congreso de su país, aunque cuatro meses después expresó que la confirmación no implicaba su entrada en vigor.

 

Polémica

 

Los opositores al memorándum en Argentina —especialmente la comunidad judía y los familiares de las víctimas, además de importantes juristas y los investigadores, entre ellos el fiscal Nisman— lo calificaron de inconstitucional, contrario a las leyes argentinas, una declinación de la soberanía nacional y un retroceso en la investigación, sobre todo porque Interpol ya había determinado que las pruebas acumuladas por la justicia argentina eran suficientes para requerir la captura de los acusados.

 

El mayor temor de las asociaciones judías era que, como consecuencia del acuerdo, Argentina pidiese a Interpol que levantara esa orden. La firma de un convenio para compartir datos de la investigación con un país que era considerado culpable de un atentado y, por tanto, interesado en ocultar pistas, también fue fruto de polémicas.

 

El acuerdo era tan escueto que no entraba a establecer detalles vitales. Por ejemplo, establecía la creación de la Comisión de la Verdad sin precisar plazos ni procedimientos. Muchos detalles más quedaban sin atar: se cuestionó que las autoridades judiciales argentinas tuvieran que viajar a Teherán para interrogar a los sospechosos, cuando esos jueces y fiscales no tendrían jurisdicción ni autoridad para dictaminar una sentencia. Ni siquiera quedaba claro cuál sería la validez legal de esas declaraciones: ¿la confesión de uno de los presuntos autores podría ser una prueba ante los tribunales argentinos?

 

En cuanto a la crítica de que el documento suponía una renuncia a la soberanía nacional argentina, se refería a que la Comisión de la Verdad no es una figura reconocida por las leyes argentinas, y que formarla implicaba reconocer que las conclusiones a las que había llegado la investigación judicial previa no eran la «Verdad».

 

En cualquier caso, el memorándum terminó encallando en su tramitación. Según la prensa argentina, el sucesor de Ahmadineyad en la presidencia de Irán, Hasan Rohaní, solicitó a Argentina que levantara las órdenes de busca y captura para continuar con las negociaciones. El memorándum ingresó al Parlamento iraní el 10 de marzo de 2013, y el 15 de marzo Interpol ratificó la vigencia de las solicitudes de captura. Después de ese momento, Argentina afirma que nunca tuvo respuesta de Irán para darle curso a la Comisión de la Verdad, y el Parlamento de Teherán votó en contra del acuerdo.

 

 

La denuncia de Nisman

 

El fiscal fallecido, Alberto Nisman, denunció el 14 de enero de 2015 que la firma del Memorando con Irán tuvo por objetivo lograr que Interpol levantase las alertas rojas de captura internacional que pesan sobre cinco diplomáticos y exfuncionarios iraníes por el ataque a la AMIA, que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994.

 

Además, afirmó que para ello “hubo negociaciones por vías secretas y por fuera de canales diplomáticos”, basadas, según él, “en directivas emanadas desde la Presidencia de la Nación”, a cargo, por entonces, de la expresidenta Cristina de Kirchner.

 

Si bien las indagatorias habían sido pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita, la causa está ahora a cargo de Bonadio y otro fiscal, Eduardo Taiano. Es que el magistrado unificó la investigación por la denuncia de Nisman con otra que llevaba en su juzgado por traición a la Patria, a raíz de la denuncia de dos abogados y quedó Taiano como único fiscal.

 

Cabe recordar que Nisman presentó la denuncia contra la expresidenta, el excanciller Héctor Timerman, el dirigente camporista Andrés Larroque, Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní, Jorge «Yussuf» Khalil, por ser “autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA”, hecho calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.

 

Cinco días más tarde, el 19 de enero y horas antes de ser interpelado en el Congreso de la Nación, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.

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