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La Justicia convoca a una audiencia por incumplimientos en la restitución de pensiones por invalidez

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La Justicia volvió a intimar al Poder Ejecutivo a restituir en forma inmediata las pensiones no contributivas por invalidez dadas de baja en 2016 y convocó a una audiencia de partes para el 20 de noviembre, ante presuntos incumplimientos del Estado en relación a una medida cautelar que, en abril, había ordenado la restitución retroactiva de esos derechos.
Así lo dispuso la jueza federal de Seguridad Social Adriana Cammarata en el marco de un expediente iniciado por un amparo colectivo interpuesto por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), ante la «baja masiva» de más de 60 mil pensiones no contributivas para personas con discapacidad dispuesta en 2016 por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a la que se sumaron otras en 2017.

Fuentes judiciales consignaron que la audiencia, a la que deberán concurrir la Andis y la REDI, se desarrollará el 20 de noviembre a partir de las 10.30 en la sede del juzgado, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1840, del barrio porteño de Recoleta, a escasos días de la asunción del nuevo Gobierno.

En abril pasado, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social había confirmado una medida cautelar que ordenaba al Poder Ejecutivo, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, restituir en forma inmediata las pensiones dadas de baja en 2016 y que forman parte del amparo colectivo promovido por la REDI.

Luego de diversas intimaciones, en septiembre pasado, el Estado ordenó el pago pero, según denunció la REDI, lo hizo de manera «parcial» e «incompleta», por lo cual volvió a recurrir a la Justicia para que exija el «pleno cumplimiento» del fallo que ordenó restituirlas en forma íntegra y con el pago de intereses, retroactivos al momento de la suspensión.

Según información oficial, en 2016 fueron dadas de baja 66.000 pensiones no contributivas por invalidez, en tanto, en el marco del expediente que tramita en la Justicia en relación a esa tanda de suspensiones, el Estado reconoció hasta el momento y «parcialmente», según la REDI, los derechos de 3.166 beneficiarios.

Es que, según informó ante la Justicia la Agencia Nacional de Discapacidad, en septiembre pasado efectuó un pago de casi 146 millones de pesos como consecuencia de la medida cautelar, pero no precisó beneficiarios, ni la forma en la que, para cada uno de ellos, liquidó capital e hizo el cálculo de los intereses.

La intimación, además, se hizo bajo apercibimiento de aplicar «una sanción pecuniaria progresiva en la persona del Director Ejecutivo de la Andis, Santiago Ibarzábal, de unos 5.000 pesos por cada día de demora».

La cuestión de fondo de este expediente -que cuestiona la validez legal de la baja masiva de pensiones- se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que las cautelares que restituyeron esos derechos están firmes con la confirmación de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

 

Fuente: Télam

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