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Griffith Barreto: «Recibimos toda la colaboración de los organismos públicos»

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La fiscal de Cámara, Graciela Griffith Barreto, en declaraciones a Chaco En Línea Radio, indicó que la investigación que determinó la detención de cuatro ex funcionarios del Gobierno Provincial comenzó hace cinco días. “Se ha pedido una batería de medidas y se han acelerado los tiempos, merced a la colaboración de los organismos públicos”, afirmó.

La fiscal sostuvo que el del Chaco es “un sistema procesal rápido, informal en comparación con las otras provincias. Esto nos ha facilitado poder encontrar la documentación aunque hay que seguir pidiendo otras. Estas personas, Horacio Rey, Roberto Lugo, Susana e Ismael Fernández están sindicadas por el Juzgado Federal por el lavado de activos; la investigación comienza con ellos y sus funciones; de allí, la vinculación con otras áreas se dará en la medida en que la documentación llegue. Hay múltiples documentos que son analizados por un grupo de colaboradores, entre ellos contadores. Ya martes o miércoles teníamos elementos para imputar a estas personas”, explicó.

Griffith Barreto aclaró que la investigación del Juzgado Federal es otra competencia. “Ellos –por la justicia federal- buscan por qué fue legalizada una serie de bienes, el enriquecimiento ilícito, cuando no coinciden con los ingresos de los imputados. En lo que toca a la Justicia Provincial la tarea es investigar en qué circunstancias ellos obtienen esos bienes y bajo qué actividad. Centramos la investigación respecto de tres funcionarios públicos y una cuarta que sería particular.

Sobre las imputaciones realizadas a los ex funcionarios, la fiscal indicó que se trata de violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociación incompatible con la función pública; “es decir que, si usted es funcionario no puede intervenir en alguna negociación que un tercero hace con la Provincia”, sostuvo Barreto; tráfico de influencias, esto es hacer valer su función o cargo que un tercero obtenga un contrato. “Y eso concluye en la malversación de caudales, que serían la acreditación de que esos fondos que tiene el funcionario o un tercero, se basa en la condición de apoderamiento de los bienes públicos en perjuicio de la administración pública” afirmó.

Agregó que hasta ahora hay concurso de cuatro delitos y hay concurso de hechos. “A cada hecho es una pena”, aclaró. La funcionaria judicial dijo que siguen recibiendo documentación “y seguimos sumando más delitos. La regla de concurso no permite la excarcelación”.

Griffith Barreto, que encabeza el equipo de fiscales completado por Lucio Otero -fiscal de investigaciones 13- y Nélida Villalba -fiscal de investigaciones 5- indicó que el avance de la investigación servirá para determinar si además existió asociación ilícita a medida que vayan apareciendo más documentaciones y más personas involucradas se procederá a más detenciones.

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