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Facturas truchas: seis procesados y embargos por más de $7 mil millones

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En el marco de la causa que investiga una megausina de facturas truchas, a través de la cual se evadió impuestos por montos millonarios y se justificó gastos irregulares en la administración pública provincial, la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de seis involucrados. Entre los procesados están los presuntos jefes de la banda: el contador, Walter Pasko y el asesor de cooperativas de trabajo, Adrián Ayala.

Seis procesados y embargos que superan los 7 mil millones de pesos, son los puntos principales de la resolución que dictó este miércoles la jueza Federa 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en la causa que investiga una megausina de facturas truchas, a través de la cual se evadió impuestos por montos millonarios y se justificó gastos irregulares en la administración pública provincial.

Quienes son considerados prima facie jefes de la organización, el contador, Walter Pasko y el asesor de más de 70 cooperativas, Adrián Ayala, fueron procesados por los delitos de asociación ilícita fiscal (en concurso real) y lavado de activos, en calidad de autores. Con el procesamiento, se mantuvo su prohibición de salir del país y la retención de sus pasaportes. Además, se les trabó embargos por 1.400 millones de pesos a cada uno.

Imputación similar tuvo la esposa de Ayala, la empresaria del rubro estética, María José Reinau. Se le trabó un embargo por idéntico monto y también se la procesó por lavado y asociación ilícita fiscal, en calidad de autora, aunque con la diferencia que ella aparece en calidad de “integrante” de la organización.

La esposa de Pasko, la abogada y extrabajadora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Diana Daniel; la madre de Pasko, Juana Brahim y el hermano del contador, Álvaro Pasko, quedaron procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, también en calidad de integrantes. A ellos se les trabó embargos por casi 950 millones de pesos, para cada uno, y se ratificó que tienen prohibido salir del país.

En cuanto a las imputaciones, vale aclarar que para quien forme parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente está destinada a cometer delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria (ley 24.769), la pena prevista es de tres años y seis meses de prisión a diez años. Si resulta ser jefe u organizador, la pena mínima se eleva a cinco años.

Por otra parte, en cuanto al delito de lavado de activos, el artículo 303 del Código Penal Argentino establece que será reprimido con prisión de tres a diez años y una multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal. Esto debe tener como consecuencia posible que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito.

En tanto que a Carlos Pasko, otro hermano del presunto jefe de la organización, se le dictó la falta de mérito, sin perjuicio de que pudiera reveerse esta situación en caso de que surja alguna prueba que lo involucre.

También se ordenó el embargo de los bienes de las empresas y cooperativas involucradas en la maniobra, las cuales son: Fundación Amarte, Fundación Manos de Vida, Fundación Insert-Arte, Fundación Solidaria es una elección de Vida, Fundación Brilla Mujer, Cooperativa de Trabajo Solidaridad es Mi Mundo, Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando, Cooperativa de Trabajo Construir Más,  Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia III, Ferraya Sociedad Anónima Simplificada (SAS), Tercer Norte SRL, La Reina del Norte SAS, Soluciones Impositivas SAS y Friva (Cooperativa de Productores Ganaderos de la Sociedad Rural de Villa Ángela, de Provisión, Comercialización e Industrialización Limitada). El total embargado en este punto supera los 670 millones de pesos.

Incompetencia

Asimismo, la jueza declaró la incompetencia parcial de la justicia federal para entender en la denuncia contra Daniel por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos que pudieran surgir, por lo que remitió las actuaciones a la justicia provincial para que investigue.

La denuncia tiene que ver con los servicios que habría prestado a distintos ministerios del gobierno del Chaco la cooperativa de trabajo “Construir Más Ltda.”, de la cual Daniel habría formado parte al mismo tiempo que era empleada del IAFEP.

“Construir Más” es un caso paradigmático en esta causa. Con domicilio fiscal, real y legal en Güemes 1424, en Resistencia, la cooperativa está constituida por Alvaro Ivan Pasko (asociado secretario), Walter Antonio Pasko (asociado y Presidente), Diana Yael Daniel (asociada y sindica suplente), Carlos Nicolas Pasko, Valeria Soledad Dosso y Melina Pacheco.

Según la investigación, la cooperativa tiene ingresos declarados por $0 (cero pesos), conforme a su declaración jurada de IVA, en el período 2022. Posee como fecha de contrato social el 13 de septiembre de 2022 y fecha de inscripción en AFIP en noviembre 2022.

Las actividades declaradas son: Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales (Fecha de alta octubre de 2022); Venta al por menor de pan y productos de panadería (Fecha de alta abril de 2023 y de baja agosto de 2023); fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero (fecha de alta agosto de 2023) y Venta al por menor de materiales de construcción (fecha de alta octubre de 2023).

No declaró bienes muebles e inmuebles, ni tampoco empleados en relación de dependencia. Presentó el libro IVA Compras e IVA Ventas únicamente del período de noviembre de 2022 a enero de 2023 en cero peso.

Tiene una única factura electrónica recibida, fechada el 13 de junio de 2023, a nombre de una maderera por un valor de 13.200 pesos. En contraposición, tiene registradas facturas emitidas en el período de febrero de 2023 a octubre de 2023, por poco más de 11 millones de pesos. ¿A quién le facturó? Al IAFEP, a un Fideicomiso del gobierno provincial, al Poder Judicial del Chaco, a una asociación Civil y a la municipalidad de Napenay.

 

Fuente: LITIGIO 

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