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El STJ dictó un instructivo para jueces en casos de personas vulnerables

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El Superior Tribunal de Justicia informa que en actuación simple N° 608/21 caratulada: «Nota N° 06/21 s/ Juzgado de NAyF de Juan José Castelli informa situación y solicita instrucciones con motivo de la inconstitucionalidad art. 58 LEY IB», se dictó Resolución N°256/21, con motivo de la situación generada por la declaración de inconstitucionalidad del art. 58 de la Ley 1-B por parte del Juzgado de Niñez Adolescencia y Familia N° l, de Juan José Castelli, que implicaría que la totalidad de las informaciones sumarias que se inicien en el fuero se deberían tramitar en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 2, de esa localidad, por lo que por presentación de la juez Liliana Sengher, se comunica dicha situación, y se piden instrucciones respecto a cómo actuar.

El STJ considera que la resolución que dicta, posee un alcance limitado a las competencias de superintendencia y a la organización interna del Poder Judicial, a los fines de garantizar y mantener una adecuada función judicial en todos los organismos del Poder Judicial de la Provincia.

Conferida vista al procurador general, Jorge Canteros, a los fines del control de legalidad y de constitucionalidad, quien se expidió mediante dictamen N° 242, del 18/03/21 y manifestó “que el fin tuitivo del juicio de pobreza regulado por el art. 58 de la Ley 1-B, es romper con las barreras de acceso a la justicia para aquellas personas cuyo principal impedimento es la falta de medios económicos por lo que deben coexistir todos los medios que faciliten el acceso para que las personas acudan a los juzgados de Paz más cercanos a sus domicilios o a los juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia, conforme resulte más conveniente a las circunstancias particulares de cada caso”.

Evacuando la vista conferida la defensora general del Poder Judicial, Alicia Alcalá, indicó que no considera que la realización de la información sumaria, establecida en el art. 242 y ce de la ley 2950-M, afecte la autonomía del Ministerio Público de la Defensa, por lo que estima que la misma debe ser realizada ante el juez con competencia en Niñez, Adolescencia y Familia-, y concluye que el tiempo que conlleva la tramitación de la información sumaria no se erige como un obstáculo para acceder a la justicia.

Dice la Resolución 256/21 del STJ que la no aplicación de la normativa antes citada, tendría implicancias en otros institutos del derecho local aplicable. Esto, en relación a la Ley de Tasa de Justicia, en los procesos que correspondiere, que consagra la adecuada protección para que el acceso a la justicia no le sea negado a ninguna persona por cuestiones inherentes a la carencia de recursos, máxime en cuestiones de ésta índole. También en cuanto a la incidencia respecto de otra herramienta procesal, como ser el beneficio de litigar sin gastos. Ya que, en este caso, el perdidoso en el proceso estará exento total o parcialmente del pago de costas y gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba (art. 101 del CPCyC Ley 2559-M). Tal como lo señala el procurador general: «Ello íntimamente ligado a la intervención reglada en los códigos procesales del patrocinio letrado de un abogado o abogada para quien[1]carece de recursos para hacerlo bajo la figura del beneficio de litigar sin gastos, con los límites de responsabilidad para el pago de costas. Cuestiones todas en las que está involucrado el interés y orden públicos”.

Por lo que el Superior Tribunal de Justicia dispuso clarificar, en el contexto de la organización de los tribunales y conforme normas aplicables, cuáles son los cauces institucionales provistos por el Estado para que, mediante la calificación objetiva de las posibilidades económicas de una persona que manifiesta la necesidad de ejercer un derecho judicialmente, se habilite la intervención de la defensa oficial pública y gratuita; determinando que corresponde estar a lo normado por el Código de Niñez, Adolescencia y Familia Ley 2950-M, que prevé la «Información Sumaria» para la demostración de carencia de recursos económicos a los fines de garantizar su acceso a la justicia, (arts. 242 a 244). Esto es, acceder al servicio de justicia con intervención de la defensa pública y gratuita, congruente con la disposición contenida en la Ley N° 913-A, Ley Orgánica del Ministerio Público. Dicha normativa es de aplicación obligatoria que deben seguir los Jueces de Niñez, Adolescencia y Familia de todas las Circunscripciones provinciales. Sin injerencias entre las respectivas competencias. A tal fin, se anexa a la presente un instructivo modelo que pretende asegurar la igualdad de trámite del proceso en estudio y brindar mayor celeridad al mismo, en todo el fuero provincial.

Disidencia

En disidencia, la jueza Iride Isabel María Grillo entiende que no le corresponde al Superior Tribunal de Justicia expedirse en esta instancia, en abstracto y fuera de una causa judicial, por vía superintendencia. Añadió entre sus argumentos, que ello significa que en caso de que se accedan a las instancias recursivas previstas en las normas procesales, es allí en donde estarán habilitados para analizar la pertinencia de las medidas dictadas por las juezas y los jueces anteriores. Es decir, en ejercicio de la función de juzgar ejerciendo el control de constitucionalidad y convencionalidad en cada causa, procediendo a la revisión de las decisiones que se adoptaron en las instancias previas. Cabe aclarar que existe sobre la cuestión puntual una normativa vigente que debe ser aplicada salvo que a pedido de parte o de oficio en un caso judicial la judicatura decida declarar su inconstitucionalidad. Las consideraciones sobre la eventual constitucionalidad o no del art. 58 de la Ley 1-B implicarían, a su entender, una posible afectación a la garantía del juez natural y una afectación a la independencia funcional de la magistratura (art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 15 y 20 Constitución Provincial).

Parte resolutiva

El Superior Tribunal de Justicia, por mayoría, compuesta por los doctores Rolando Ignacio Toledo, Emilia María Valle y Alberto Mario Modi, con la disidencia de la doctora Iride Isabel María Grillo, resolvió mediante Resolución Nº 256 del 5 de abril de 2021 que señala: “Establecer que a los fines de la determinación de la carencia de recursos para el acceso a la defensa pública y gratuita prevista en el artículo 32 de la Ley N° 913-A, Ley de Ministerio Público, los jueces de Niñez, Adolescencia y Familia de las distintas Circunscripciones provinciales, deben aplicar el trámite de la información sumaria, reglada en el artículo 242 a 244 del Código de Niñez, Adolescencia y Familia, Ley 2950-M”. Y agrega: “sugerir a todos los tribunales intervinientes, la implementación del instructivo modelo que como Anexo I se agrega a la presente a fin de facilitar el objetivo deseado, sin que sea obligatoria su utilización…”.

 

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