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El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, afirmó hoy que el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso será «ágil y moderno» y apuntará a «una aplicación efectiva de la ley penal», al tiempo que destacó los límites a la libertad condicional y la renovación de las «penas pecuniarias».
La comisión que encabeza el juez de la Cámara Federal de Casación Penal elaboró un anteproyecto de ley que contempla algunas de las muchas modificaciones hechas al Código Penal desde 1921 a la fecha y la idea del Gobierno es que el presidente Mauricio Macri lo presente oficialmente al Congreso el 1 de marzo.
Borinsky afirmó en declaraciones a Radio La Red que «se busca una aplicación efectiva de la ley penal» y que «el desafío es darle a la sociedad un nuevo contrato social, posible, ágil y moderno, en lo que tiene que ver con el poder punitivo del Estado».
«Estamos hablando de la capacidad de establecer y definir qué es lo que está prohibido y qué permitido en la Argentina y cuáles son sus penas, no sólo de prisión, sino también el decomiso, la devolución del dinero mal habido para el Estado. Son penas pecuniarias actualizadas, inhabilitaciones», precisó.
El magistrado destacó que en la reforma del Código Penal «se está agregando un concepto en el que se tiene en cuenta que la libertad condicional no se aplica a determinada categoría de delitos, particularmente los delitos dolosos cometidos con violencia y que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o psíquicos o la muerte».
Al respecto, Borinsky precisó que no contarán con la libertad condicional los delitos de «abuso sexual agravado, explotación de la prostitución, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, tortura, desaparición forzada, terrorismo».
No obstante, el magistrado afirmó que la reclusión por tiempo indeterminado «fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, entonces ya no puede estar en el Código Penal», por lo que el anteproyecto establece la aplicación de un «seguimiento socio judicial» una vez cumplida la condena.
Esta figura -que aplicará especialmente en casos de violencia de género- consistirá según Borinsky en «una serie de medidas» que tienen que ver con «una obligación de estar en lugares localizables, presentarse periódicamente, prohibición comunicarse con la víctima».
El seguimiento socio judicial se extenderá «por un plazo de tiempo que no puede superar los 10 años», explicó el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.
Por otra parte, insistió en que se está «actualizando y aggiornando el Código Penal» y detalló, a modo de ejemplo, que «la pena pecuniaria hoy está en australes», ante lo cual «se va a establecer el concepto de día multa, que será de 2.600 pesos y se irá actualizando».
Borinsky explicó que «el Código Penal debe ser un espejo de los intereses fundamentales y vitales de la sociedad» y calificó la redacción del anteproyecto de ley (que sería presentado a los diputados y senadores en febrero) como «un trabajo histórico».
«Estamos mirando para atrás lo que hicieron las 17 comisiones anteriores en estos casi 100 años, pero también estamos mirando lo que sucede en otros países. Estamos analizando cuál es el mejor contrato social que le podemos dar a la Argentina», agregó.
Otro de los puntos principales del anteproyecto que trascendió este miércoles es el que indica que el aborto no será punible en todos los casos en que el embarazo fuera el resultado de un abuso sexual.
La comisión redactora del anteproyecto de ley estuvo integrada por juristas como el camarista Carlos Mahiques; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; los jueces Patricia Llerena, Jorge Yacobucci y Patricia Ziffer; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el fiscal Pablo Turano y el abogado Fernando Córdoba.
También lo integraron representantes del Ministerio de Justicia, como el director de Política Criminal, Carlos González Guerra, y funcionarios de las carteras de Seguridad y de Desarrollo Social.
La comisión ya le envió el anteproyecto al ministro de Justicia, Germán Garavano, y los legisladores nacionales conocerían la totalidad de la iniciativa en febrero, poco antes de la apertura de sesiones del 1 de marzo, cuando se prevé que Macri solicite su aprobación al hablar frente a la Asamblea Legislativa.
Fuente: Diario Chaco
