La zona amaneció cercada por la Policía de la Ciudad, con la mayoría de los negocios cerrados.
Tras los violentos incidentes que se registraron en las inmediaciones del Congreso el jueves pasado durante la sesión en la que se intentó debatir la reforma previsional, este lunes es la Policía de la Ciudad la encargada del operativo de seguridad. Esta vez, las fuerzas federales como la Gendarmería y la Prefectura sólo prestarán colaboración «de manera subsidiaria».
El operativo formal se inició a las 7 con 500 efectivos desplegados en grupos de 50 y 15, en todas las vías que conducen al Congreso por dentro del perímetro vallado.
Durante la madrugada, el vallado se montó sobre las calles Rodríguez Peña, Bartolomé Mitre, Callao, Riobamba, Hipólito Yrigoyen, Ayacucho, Sarandí, Combate de los Pozos, Adolfo Alsina y Entre Ríos.
El operativo de seguridad se terminó de definir este domingo durante una reunión entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño Martín Ocampo y las autoridades de la Policía Metropolitana.
El sector más reforzado será el frente del edificio. Allí se apostarán 50 efectivos sobre Rivadavia, 50 sobre Yrigoyen, 65 sobre Callao y otros 65 sobre Entre Ríos. Dentro del perímetro también se montará una carpa sanitaria del SAME.
Por su parte, el ingreso de los legisladores será por Riobamba y Bartolomé Mitre, donde habrá un control de Policía Federal y del área de Protocolo de las Cámaras.
El ministro Ocampo llamó a los manifestantes a «actuar con responsabilidad y en forma pacífica». Por su parte, la oposición política, sindicatos, organizaciones sociales y grupos de izquierda llamaron a una concentración «multitudinaria». La CGT amenazó con un paro general si se aprueba la reforma.
El operativo contará con dos camiones hidrantes, uno dentro del perímetro vallado y otro fuera, 4 grupos de acción motorizada, y una división de perros con 10 canes (más sus respectivos guías). También trabajarán 6 brigadas de video y un drone para registrar el accionar de las fuerzas de seguridad y de los manifestantes.
Además, unas 80 brigadas de civil (30 dentro del vallado) se distribuirán en grupos de 10. Irán vestidos con gorra y chalecos identificatorios y contarán con actas contravencionales, de detención, secuestro y precintos. Sobre Combate de los Pozos se dispondrá una Unidad Judicial Móvil.
Por otro lado, las comisarías cercanas podrían ser afectadas y prestar colaboración para prevenir ilícitos en la zona comercial.
Los incidentes de las semana pasada dejaron un saldo de 44 detenidos, 9 policías heridos, 15 autos destrozados y muchos daños materiales. El operativo, del que participaron 900 gendarmes, fue criticado por la oposición y también por algunos miembros del oficialismo. «No hay que hacer tanta ostentación de fuerza», le dijo Carrió a la ministra Bullrich.
El legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, presentaron una medida cautelar para exigir que el Gobierno de la ciudad garantice la seguridad de los manifestantes. La Dra. Lópe Vergara, del Juzgado nro 6 en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, hizo lugar al pedido y ordenó, entre otras cosas, que todo el personal policial esté visiblemente identificado y que utilicen gases lacrimógenos y balas de goma «como último recurso».
Fuente: Infobae