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Chaco: El ex Ministro de Salud Hugo Sager rechaza los cambios en materia de salud mental

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El diputado Hugo Sager Expresó su rechazo a las modificaciones proyectadas por Poder Ejecutivo Nacional en materia de salud mental dado que contradice los principios fundamentales enunciados por la Ley Nº 26.657, vulnera las instancias creadas de protección a los sujetos con padecimiento psíquico, contradice el modelo de derecho retrocediendo al modelo tutelar.

 

Además, el legislador resalta en su proyecto de Resolución 5417/2017, que la pretendida iniciativa de modificación implica una regresión en materia de goce y ejercicio de derechos; vulnera principios de Derechos Humanos, quiebra los avances en el abordaje y la protección de los derechos de las personas con padecimiento psíquico, retomando un viejo paradigma de modelo tutelar que desconoce su dignidad humana.

 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 5494/17

 

El último viernes se conoció un expediente del Ministerio de Salud (Nº 120020000024933166) que contiene un borrador para modificar por decreto la reglamentación de la actual ley. De inmediato, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) emitió un comunicado alertando sobre los retrocesos en puerta.

 

Lo que se cuestiona, básicamente, es la concepción de la salud mental. El nuevo marco regulatorio (fijado en 2013) la define como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”.

 

En la otra vereda se ubica el “modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista”, un paradigma que el poder Ejecutivo busca reflotar. Este enfoque excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.

 

Lo más grave, a juicio del Cels, es que se reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y se admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido únicamente por el “arte médico”.

 

Se habilita, además, el tratamiento en comunidades cerradas para las personas con consumo problemático de drogas y a la hora de determinar una internación, se sustituye el requisito de “daño para sí o para terceros” y reinstala el concepto de “peligrosidad” que permite una simple evaluación basada en riesgos potenciales.

 

La Ley 26.657, entró en vigencia en nuestro país, luego de un largo período de debate parlamentario. El Consejo Consultivo recalcó que se trata de “una norma de orden público” que fue votada “por unanimidad por diputados y senadores del Congreso de la Nación y reconocida mundialmente por sus avances en el abordaje y la protección de los derechos de las personas con padecimiento psíquico”. La ley fue reglamentada en 2013 “a través de un largo proceso de consultas y participación de actores del campo de la salud mental y las adicciones, por el Decreto 603” de ese año.

 

Con la aparición de un nuevo decreto reglamentario “propuesto por el Ejecutivo Nacional, realizado a puertas cerradas y consensuado exclusivamente con la corporación médica, no sólo se busca limitar al máximo el alcance de la Ley, sino que contradice la norma en sus principios fundamentales”.

 

Estado no puede darse por satisfecho con el reconocimiento de un mínimo del derecho, por el contrario, el cumplimiento de los derechos prestacionales es progresivo, por lo que debe ir en aumento y no quedarse estático con respecto a determinadas prestaciones. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales.

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