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Chaco: Echaron a empleado público que faltó dos años porque estaba preso por robo

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Las inasistencias consecutivas llamaron la atención. Le suspendieron el sueldo e iniciaron un sumario. Se supo que estaba preso por varios robos. Fue condenado a 3 años. Salió y se presentó a trabajar.

 

Ángel Simón Romero, empleado de planta del área de maestranza, llamó la atención de sus superiores por una sucesión de inasistencias consecutivas sin aviso y sin justificación, en que había incurrido a partir de 1 de enero de 2015.

 

Por esto, el 4 de mayo de 2015, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, donde revistaba, solicitó la suspensión de haberes por la falta de prestación de servicios. Y una semana después se solicitó informes a la Cámara Tercera en lo Criminal sobre la situación judicial del empleado, ya que habían tomado conocimiento de que se encontraba detenido.

 

La Cámara respondió que Romero se encontraba detenido en la Comisaría Cuarta, acusado de “supuesto robo agravado por el uso de armas con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”.

 

El 14 de octubre de 2016, el empleado público recuperó la libertad y se presentó a trabajar. En esas circunstancias, se le reasignaron funciones y se dispuso la restitución de su salario.

 

El 28 de octubre de 2016 la Cámara Tercera en lo Criminal lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, al encontrarlo autor de tres robos a mano armada, todos cometidos el 12 de diciembre de 2014.

 

Pero, apelando al Régimen Disciplinario que considera causal de cesantía o exoneración la comisión de delito no referido a la Administración cuando éste fuera doloso y afecte el decoro de la función o prestigio del Estado Provincial, se le notificó de la formulación de cargos en su contra y se habilitaron las instancias sumariales pertinentes.

 

En el proceso se recibió la declaración de imputado de Romero, y éste presentó pruebas y testigos, y finalmente alegó en su defensa, pero el trámite no alcanzó para revertir el concepto que lo había llevado a la cárcel.

 

Por esto, finalmente se decretó la sanción expulsiva de cesantía a partir del 1 de diciembre de 2017, fecha que lleva el decreto firmado por la subsecretaria legal y técnica: Ramona Rodríguez, el ministro de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial: Guillermo Monzón, y el gobernador Domingo Peppo.

 

 

Fuente: HDP Noticias

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