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Buenos Aires: pacto fiscal con Macri se pone a prueba en Legislaturas

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Con la firma del amplio pacto de Consenso Fiscal del pasado jueves todavía caliente, arrancó la cuenta regresiva de 30 días para que los gobernadores envíen el proyecto de adhesión a las Legislaturas, donde el entendimiento enfrentará el desafío de ser validado en el recinto -tras una sanción previa en el Congreso- para entrar en vigencia.

 

 

No será una senda sencilla: en filas de las oposiciones locales ya brotaron voces críticas, que advierten que quieren analizar con lupa el impacto de las reformas del acuerdo entre Mauricio Macri y las provincias y ya exigen el paso por el recinto de los ministros de Economía para desmenuzar la letra chica.

 

Por eso algunos mandatarios -como el entrerriano Gustavo Bordet y la catamarqueña Lucía Corpacci- no descartan convocar a extraordinarias para acelerar los tiempos para avalar el texto.

 

«Tiene que ser ratificado ad referendum de la Legislatura»,dijo Bordet, y reveló que analiza prorrogar las sesiones ordinarias. «Necesitamos tenerlo en vigencia para percibir los beneficios que van a tener muchos contribuyentes entrerrianos a principio ya del ejercicio 2018», enfatizó.

 

La preocupación radica en que el megaacuerdo promueve metas concretas de reducción del gasto, de baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos y de la aplicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal para provincias y municipios, que augura grandes discusiones.

 

«Es un instrumento de tipo declarativo: sus cláusulas no son operativas en sí mismas y dispara en todo caso una serie de obligaciones de hacer y que no son de resultado, sino de medios», explicó ayer a Ámbito Financiero el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.

 

Ello implica la sanción de una serie de leyes conexas en el Congreso -como la de Responsabilidad Fiscal, o la que deroga el artículo 104 de la Ley de Ganancias para resolver el round por el Fondo del Conurbano- pero también en las Legislaturas.

 

«Para modificar cuestiones como las declaraciones sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos, o los impuestos provinciales a las nóminas salariales, se requiere de la sanción de leyes provinciales», ejemplificó.

 

De hecho, ministros y legisladores deberán meter mano en el contenido de proyectos de ley ya avanzados para la gestión 2018, o en normas ya sancionadas.

 

En esa línea, por caso, el ministro de Economía de Catamarca, Ricardo Aredes, sostuvo que la única norma que deberán revisar es la impositiva 2018, que aún no fue presentada. «La Ley de Responsabilidad Fiscal también debe modificarse, pero es en los términos de una ley nacional que se estudiará», sostuvo Aredes.

 

En este marco, se anticipa un debate amplio en las Legislaturas. Un botón de muestra es Neuquén, donde Omar Gutiérrez (MPN) enviará mañana el proyecto de adhesión a la Legislatura. «Sometieron a los gobernadores a firmar a las apuradas; sólo San Luis, la única que tiene algo de autonomía, se abstuvo de hacerlo y pidió tiempo», disparó el legislador Eduardo Fuentes (Frente Neuquino). En Santa Fe, en tanto, el justicialista Luis Rubeo envió un proyecto para convocar al recinto al ministro de Economía del socialista Miguel Lifschitz, Gonzalo Saglione. «Necesitamos saber cuáles son las implicancias, qué es lo que cedió Santa Fe y cómo se la va a compensar», dijo.

 

Por de pronto, el pacto sostiene que Nación, las provincias y CABA tienen 30 días para elevar a «sus Poderes Legislativos proyectos para aprobar este Consenso, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los Ejecutivos para dictar normas a tal fin». «El Consenso producirá efectos sólo respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus Legislaturas y a partir de esa fecha», advierte.

 

Frente a este escenario, Rodríguez Signes precisó que «ese es un plazo para los Poderes Ejecutivos, no para los Legislativos». «No establece, ni podría establecer, plazos para que las Legislaturas provinciales lo aprueben», aclaró.

 

Fuente: Ambito

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