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Alicia Medina: “Aída Ayala no debe ofenderse, debe dar respuestas”

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“No me sorprende el accionar de la Justicia Federal sobre la empresa PIMP porque ya en 2015 nos llamaron poderosamente la atención su constitución, sus integrantes y las tareas que nada tenían que ver con la recolección de residuos”, de esta forma arrancó la charla de la Dra. Alicia Medina con Chaco En Línea Radio. Medina presentó entonces una denuncia, junto a otros vecinos, contra la municipalidad y la intendenta Aída Ayala ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Mañana presentará un documento ampliatorio pidiendo la reanudación de aquella investigación.

 

La abogada indicó que en 2015 hizo una presentación circunscripta al ámbito de la FIA Fiscalía de Investigaciones Administrativas. “La FIA, cuando se judicializó el tema, esperó las resultas. Por eso mañana presentaré un escrito ampliatorio y atento a estas noticias de público conocimiento y ante la posible comisión de delitos como los que investiga la Justicia Federal, pediré que se reanude la investigación que solicité en aquella oportunidad. Quiero saber, si en virtud de estas detenciones e integrantes de esa empresa, no pudieron dar lugar a la posible comisión de delito en la Municipalidad desde aquella época”.

 

La Dra. Medina entiende que la Justicia Federal “habrá encontrado graves indicios para pedir la detención de estas personas y reabrir una investigación que empezamos en 2015 con el acompañamiento de algunos diputados provinciales del FCHMM. Hace lo que debe hacer, hace correcto. En 2015 ya nos llamaba la atención no sólo la constitución  de la empresa, sus integrantes y el equipo que nada tenía que ver con la recolección de residuos”. Sin embargo, la abogada sostiene que le llama la atención que, hoy día, la Justicia Federal no haya allanado el domicilio de PIMP, en Roberto Mora 356.

 

En la charla, la letrada desarrolló el proceso del caso, contextualizándolo en detalle. Dijo que todo se inició no por las denuncias del Centro Nelson Mandela, sino con las sospechas del entonces concejal del Frente Chaco Merece Más, Miguel Rolón que advirtió irregularidades en la contratación de empresas tercerizadas por el municipio de Resistencia para la prestación de servicios, no sólo de la basura sino también de relevamientos catastrales y otras. Se hace eco de esto el Centro Mandela. Rolando Núñez es quien indaga y de ahí surge la atención del nacimiento de esta empresa.

 

“Al 2013, los integrantes de la empresa eran una señorita de 27 años, Fátima Rigassio, propietaria de un local de ropa, Nidia Mabel Juárez, 63 años archivóloga y técnica en estadísticas, ambas socias de PIMP; y el presidente de la empresa era el dr. Rolando Javier Acuña, abogado que, entonces solicitaba una vivienda al IPDUV. Todo eso llamó la atención.  Fátima era la pareja, hoy esposa, de Alejandro Fisher, ex yerno de Aída Ayala; Roly Acuña, amigo y Nidia Juárez, la madre de Fischer; también aparece como muy sindicado el abogado Matías Balmaceda Paiva, pareja de la otra hija de la Intendenta. Por eso no podemos desconocer el vínculo, la amistad y la cercanía con Ayala”, desarrolla Medina.

 

 

Aclara que “esta empresa a septiembre del 2014 no tenía empleados y 7 meses después ganó una licitación millonaria, además no tenía maquinarias porque los camiones usados para la recolección de residuos eran alquilados, es decir no tenía capacidad operativa. Por una resolución 796 de la Intendenta, se aprueba la licitación. Yo ya le imputaría un delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cómo es que contrata a una empresa que a su vez debía alquilar camiones y maquinarias porque no los tenía!”.

 

La denunciante cuenta que “en esa resolución, emitida entre gallos y medianoche por la entonces intendenta Aida Ayala  se daba  a la empresa la posibilidad de adquirir con el tiempo la maquinaria necesaria. Hasta ese grado de irresponsabilidad.  En el acta de constatación, la jueza Pereyra pedía ver los camiones. Y no podían mostrarlos porque los compartían con Coirel y Tecmasa, también ligadas al municipio. Se los prestaban. ¿Cómo es posible  que un bien sea pertenencia de dos empresas a la vez?”, se preguntó.

 

La abogada indicó que Aída Ayala no debe ofenderse, debe dar respuestas como administradora de los bienes públicos. “Porque cuando a una la eligen para ostentar un cargo público debe dar cuenta de esos viene públicos. Si no se tiene la cola sucia no debe ofenderla aclarar las cosas”, dijo.

 

“¿Qué pedíamos el grupo de vecinos? Nosotros, bajo el patrocinio del Dr. Marcelo Chávez pedíamos que se suspendiera y reviera la adjudicación ya que la considerábamos perjudicial para los bienes públicos. Ganamos en las dos instancias y se nos hizo lugar a la medida cautelar. Comprometía los fondos públicos y, también, gestión futura. Cada adjudicación debe estar prevista en el presupuesto anual; esta contratación, que comprometía por 12 años al municipio de Resistencia, se hizo como un operativo retirada”, aseveró.

 

Agregó que en este caso hay irregularidades. “Se trata, por lo menos, hay un fraude en perjuicio de la administración pública,  de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, no sé si de Aída Ayala, pero sí de quienes estaban al frente de la empresa. No puedo entender cómo ella teniendo relación familiar y de amistad con los implicados no supiera nada”.

 

“Todo está documentado en expedientes, con fotos, recortes periodísticos. Tenemos todas las expectativas de que la Justicia llegue al final. El pueblo necesita gestos, los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas. Estos hechos son gravísimos. Los de los ocho años era un monto de casi 270 millones de pesos, la prórroga de los otros cuatro eran otro monto”, finalizó.

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