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Acá se juzgan genocidas: once años de juicios en el Chaco

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El 5 de mayo se cumplieron 11 años desde el inicio de las audiencias en la Causa Caballero, el primero de un total de ocho juicios que se realizaron por crímenes de Lesa Humanidad en el Chaco. Aquí un repaso de lo que transcurrió hasta la fecha y un anticipo de lo que se viene en cuanto al juzgamiento a los responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar en la provincia.

Juan Carlos Goya estaba por abrir la puerta de uno de los comercios de su familia cuando un grupo comando de la policía del Chaco lo detuvo. Era el 16 de junio de 1976. Durante su arresto le abrieron la cabeza de un culatazo. En ese momento tenía 20 años y militaba en Montoneros.

Tras su detención, lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones, hoy Casa por la Memoria. Allí sufrió innumerables torturas físicas y psicológicas. Intentaron quebrarlo por dentro y por fuera. Lo ataban a una cama de metal y lo picaneaban en los dientes, en la boca, en el ano y en los genitales. Descendió a los infiernos.

En medio de esa pesadilla, con el pasar de los días, la zona de su cabeza donde recibió el golpe que recibió al ser detenido se infectó. En lo que fue una parodia de curación, el represor José María Cardozo le pasó un trapo con alcohol por la zona putrefacta, haciendo que, por la presión, se le corriera la venda que le habían puesto para que no pudiera ver nada ni a nadie. Fue en ese momento que entendió hasta dónde podía llegar el horror.

“Cuando se me corrió la venda vi a N.V. desnuda, su sexo en sangre, del color y consistencia de una pulpa como la que compramos en la carnicería. Atrás de ella, acomodándose el pantalón, (Gabino) Manader, que la acababa de violar”, narró. En la misma escena, el represor Silva Longhi sostenía al bebé de la mujer en una mano y la picana en la otra.

El de Goya es tan sólo uno de casi un centenar de crudísimos testimonios que se vertieron en lo que fue el primer juicio de lesa humanidad que comenzó el 5 de mayo de 2010 en el Chaco, conocido ahora como Causa Caballero I, del cual se cumplieron ya 11 años.

Desde ese día pasaron siete juicios más y decenas de represores recibieron fuertes condenas por delitos que van desde omisión de investigar un delito y violación de los deberes de funcionario público, hasta abuso sexual, torturas, desaparición de personas y homicidio.

A más de una década de ese brillante día de justicia, vale la pena realizar un repaso de lo que acontecido en el Tribunal Oral Federal de Resistencia (de manera presencial y virtual) y de lo que se viene.

Causa Caballero 

En el juicio oral por la causa caratulada “Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado” se investigó la comisión de torturas y apremios ilegales (en perjuicio de 26 víctimas) en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco en su dos sedes (Juan B Justo 433 –en 1975-) y Marcelo T. de Alvear 32 (a partir de 1976); y en la Alcaidía – Penitenciaría Policial de Resistencia.

La Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco fue el CCDT  (Centro Clandestino de Detención y Tortura) más grande del NEA, en el que casi la totalidad de los prisioneros políticos de la zona inauguraba su detención clandestina. Un pozo sin fondo, un “nido de víboras” -como lo describían los propios torturadores-, un lugar sin límites, porque no significó sólo la muerte sino la degradación total del ser.

En sus siete meses de debate, con más cincuenta días de audiencia y una lista de casi el centenar de testigos la Causa Caballero resultó una radiografía del accionar represivo del terrorismo de Estado.

La sentencia se leyó el 13 de diciembre de 2010. Todos los imputados recibieron condenas con las penas máximas establecidas por la ley por ser “autores penalmente responsables de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de sus víctimas”, según consta en el ejemplar fallo del Tribunal Federal que juzgó a los genocidas implicados.

Los condenados fueron Humberto Lucio Caballero 25 años de condena por catorce hechos, segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones; Ramón Andrés Gandola, 15 años de condena por un hecho, segundo Jefe de la Policía del Chaco; Gabino Manader, 25 años de condena, imputado en veinticinco hechos, policía de la Brigada de Investigaciones;  José Francisco Rodríguez Valiente, 25 años de condena por quince hechos, policía de la Brigada de Investigaciones; José Marín (alias Cabo Sotelo) 25 años de condena por siete hechos, policía de la Brigada; Enzo Breard, 15 años de condena por un hecho, policía de Brigada; Ramón Estaban Meza, 25 años de condena por cuatro hechos, policía de la Brigada; Alberto Patetta, 25 años de condena por dos hechos, militar; Rubén Héctor Roldán; 25 años de condena por dos hechos, guardiacárcel de la Alcaidía, Francisco Orlando Álvarez: 25 años por tres hechos, guardicárcel de la Alcaidía y Oscar Alberto Galarza, 25 años de condena por tres hechos, guardiacárcel de la Alcaidía.

Causa Masacre de Margarita Belén

El 3 de junio de 2010 comenzó el juicio por la Masacre de Margarita Belén. Durante las audiencias y finalmente en la sentencia se reconstruyó que el hecho fue un operativo militar decidido por la VI Brigada del II Cuerpo del Ejército Argentino con la participación de Oficiales del Regimiento de la Liguria y del Área de Inteligencia 234, donde se montó un supuesto intento de rescate, con fuga de detenidos políticos y enfrentamiento en un fingido traslado de detenidos a Formosa, cuando en realidad se trató de un fusilamiento en una zona descampada distante a 24 kilómetros de Resistencia.

La madrugada del 13 de diciembre de 1976, los detenidos políticos habían sido concentrados en la Alcaidía Policial donde habían recibido una salvaje golpiza, para ser subidos luego a un camión Mercedes Benz 1114 custodiados por un Unimog y un patrullero policial.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia integrado por los jueces Gladys Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González condenó el 11 de mayo de 2011 a prisión perpetua a los ocho militares que participaron de esa matanza y absolvió al policía Alfredo Chas.

Los coroneles Gustavo Reneé Athos, Rafael Carnero Sabol, Ricardo Reyes y Horacio Losito; los tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme; el teniente primero Luis Patetta y el mayor Ernesto Simoni del Ejército Argentino fueron condenados por los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en perjuicio de once víctimas en concurso real entre sí y el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo más desaparición forzada de personas en cuatro hechos.

Las victimas, todas pertenecientes a la juventud peronista y a la organización Montoneros, fueron Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Luis Alberto Díaz, Carlos Alberto Duarte, Luis Arturo Fransen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Zamudio cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares a las semanas, Emma Beatriz Cabral y Alcides Bosch (identificados años después por el EAAF). Fueron desaparecidos Julio Andrés Pereyra, Fernando Gabriel Piérola, Roberto Horacio Yedro y Reynaldo Zapata Soñéz.

En el caso de Pereyra su cuerpo fue identificado años atrás por el EAAF estando sepultado desde 1976 como NN en el Cementerio de Empedrado Corrientes, por lo que se reconstruyó que fue arrojado a las aguas del rio Paraná para hacer desaparecer su cuerpo con posterioridad a la masacre. En los casos de Franzen y Parodi Ocampo los cuerpos fueron intercambiados al ser entregados a sus familiares, lo que se reparó recientemente con la intervención del EAAF .

Causa Margarita Belén II

El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Alfredo García Wenk, Rubén Quiñonez y Luis Gonzalez juzgó en 2013 al capitán del Ejército Argentino, Norberto Tozzo, quien fue hallado estando prófugo en Brasil y se debió realizar un trámite de extradición complejo con base en el tratado bilateral de extradición.

Finalmente, la Corte Suprema del vecino país autorizó su extradición pero con la condición de que sea juzgado sólo por las cuatro desapariciones basándose en que el Código Penal de Brasil el que contempla un delito asimilable de secuestro permanente.

En el Juicio se demostró que Tozzo, como Oficial de inteligencia, no sólo participó del convoy de la muerte, sino que también había tenido un rol protagónico tanto en la planificación como selección de las víctimas, reconstruyéndose ello a partir de un Informe del mismo oficial que constaba en su legajo.

Tozzo fue condenado a 24 años de prisión por ser coautor del delito de desaparición forzada de los militantes Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz y Julio Andrés Pereyra. Todos ellos, fusilados en la Masacre de Margarita Belén.

Causa Caballero 2

La causa Caballero II (llamada así por el represor que encabezaba la nómina de imputados del primer juicio por torturas en la Brigada, Humberto Lucio Caballero, fallecido) comenzó su etapa de juicio oral el 16 de junio de 2016, y se caracterizó por testimonios de sobre la crueldad extrema de los represores imputados.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Eduardo Belforte, Mario Alurralde, Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens.

La acusación fue realizada por la Fiscalía Federal, representada por Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini; y las querellas, en representación de la Secretaría de DDHH de la Nación por Mario Bosch, hasta su fallecimiento, y consiguiente incorporación de Manuel Brest, de Corrientes, y de la Secretaría de DDHH de la Provincia, representada por Paulo Pereyra y Silvina Canteros.

El juicio, que concluyó en 2018, abarcó el juzgamiento de una segunda tanda de crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones que abarca 10 víctimas – 2 de ellas desaparecidas , esta vez además al delito de tormentos, se agregaron  los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y casos de violencia sexual como crímenes de Lesa Humanidad .

Declararon durante las audiencias de debate alrededor de 50 testigos en su mayoría ex detenidos políticos de la Brigada de Investigaciones.

Los testimonios del juicio y la sentencia reconstruyeron la aplicación sistemática de violencia sexual y también trató el caso emblemático del matrimonio desaparecido constituido por Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala pertenecientes al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) demostrándose que la Brigada fue también un Centro Clandestino de Exterminio.

Los condenados en esa oportunidad fueron Gabino Manader, a 25 años de prisión; José Rodríguez Valiente, 20 años; Ramón Meza, 19 años; José Marín, 18 años; Luis Alberto Patetta, 19 años; Jorge Ibarra, 12 años; Enzo Breard, 18 años; José Tadeo Bettolli, 12 años; Albino Borda, 21 años y el Jefe y sub Jefe de la Policía y SIDE de Santiago del Estero, Musa Azar y Miguel Garbi, fueron condenados a 10 años de prisión.

Causa Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal  

En 2019, se realizó el juicio oral en la causa conocida como “Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal” donde se juzgó al exfiscal Federal, Roberto Mazzoni y el Jefe de Guardias de la Cárcel Federal U7, Pablo Casco Oficial del Servicio Penitenciario Federal. También estuvieron procesados el exjuez Federal, Ángel Córdoba, y el exfiscal Federal, Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes de iniciarse el juicio cumpliendo durante varios años prisión preventiva. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Selva Spessot .

El exfiscal Mazzoni fue condenado a 11 años de prisión por considerarlo responsable de los delitos de apremios ilegales, omisión de investigar denuncias y violación de los deberes de funcionario público.

La sentencia tiene suma relevancia ya que dilucida el entramado de la complicidad judicial con el terrorismo de Estado, avanzando así en la reconstrucción del plan sistemático en el Chaco en sus diversas aristas.

Los jueces en sus fundamentos reseñaron que los funcionarios judiciales fueron parte del “engranaje de la complicidad civil” con “el terrorismo de Estado” con la cual “aseguraban la impunidad”. Según los magistrados, los imputados no sólo se comprometieron a no investigar, sino que llegaron a participar de los apremios ilegales y de amenazar a detenidos políticos que estaban a su cargo.

En tanto que Pablo Casco fue condenado a la pena de 11 años por el delito de tormentos agravados contra perseguidos políticos alojados en esa Unidad Carcelaria. Se avanzó de esa manera en reconstruir por primera vez en la jurisdicción, la sistemática del terrorismo de estado en una Cárcel del SPF.

Está pendiente en esta causa una nueva sentencia contra ambos imputados por haber revocado la Cámara de Casación absoluciones en este juicio.

Causa Ligas Agrarias

El juicio conocido como causa Ligas Agrarias se realizó en 2019. En las audiencias se ventilaron crímenes de lesa humanidad cometidos en el interior del Chaco tanto contra dirigentes como militantes del movimiento de pequeños campesinos y trabajadores rurales conocido como Ligas Agrarias.

El TOF de Resistencia, integrado por los Jueces Juan Manuel Iglesias, Rocio Alcalá y Luis González, condenó al teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado por alevosía y número de partícipes del dirigente Raúl Gómez Estigarribia.

El policía Alcides Sanferraiter recibió por su parte la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado por alevosía del dirigente Carlos Píccoli, mientras que el comisario, José Rodríguez Valiente, fue condenado a cuatro años por el delito de encubrimiento. Por último, se condenó al comisario General Eduardo Wischnivetzky a 18 años de prisión por la privación de ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra los trabajadores rurales.

El fallo se destaca por ser un avance en la reconstrucción del plan sistemático del Terrorismo de Estado contra el Movimiento de las Ligas Agrarias en el interior de la provincia y a la vez desnudó la mecánica de simular enfrentamientos cuando en realidad se trataron de literales fusilamientos en emboscadas.

Los jueces al respecto destacaron que las Ligas Agrarias “representaron un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos, que, viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años 70 colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años”.

En lo atinente al plan represivo, afirmaron que en lo que se conoció “como lucha contra la subversión” se ejecutaron “operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigente”.

Juicio Caballero 3 

En 2021 se llevó a cabo el debate oral que juzgó un tercer tramo de crímenes de Lesa Humanidad cometidos tanto en la Brigada de Investigaciones como en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7 entre los años 1974 y 1979 y que abarcó un universo de 32 víctimas.

Los jueces Rubén David Oscar Quiñones, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cuello, llevaron adelante el juicio en siete audiencias seguidas de jornada completa donde dieron su testimonio alrededor de 45 testigos, entre exdetenidos políticos y familiares de desaparecidos, en forma virtual o presencial.

Los acusados fueron condenados por tormentos, privación ilegal de la libertad – incluyendo por primera vez niños-, violación de domicilio y violencia sexual de 28 exdetenidos políticos, siendo las condenas más altas las del Comisario General, Rodríguez Valiente y del Sargento, Gabino Manader. Ambos, a 25 años de prisión.

Por su parte, el oficial de la Alcaidía Policial, Francisco Álvarez, recibió la pena de 14 años por tormentos agravados. El teniente, Luis Pateta, oficial de Inteligencia del Ejército, fue condenado por su parte a 11 años y 6 meses de cárcel.

A su vez, el capitán y oficial de Inteligencia del Ejército, Tadeo Betolli, recibió una condena de 7 años y 6 meses de prisión y el exsuboficial de la policía, Jorge Ibarra, fue condenado a 6 años de cárcel. Pablo Casco, jefe de Guardia de la Cárcel Federal U7, también fue condenado, con una pena de 3 años y 9 meses, como así también el sargento de la policía, José Marín, a 3 años y 6 meses de prisión.

Durante las audiencias, se reconstruyó las desapariciones forzadas en este centro clandestino de detención de cuatro militantes del PRT, quienes fueron secuestrados entre mediados y fines de 1977 y vistos por última vez en la Brigada de Investigaciones: Enzo Lauroni, Mónica Almirón, José Oviedo y Abel Arce.

A pesar de ello el Tribunal consideró que no se pudo reconstruir las responsabilidades de los acusados de estos casos, lo que será apelado por la fiscalía y las querellas.

Juicio Margarita Belén 3 

Los jueces de Juan Manuel Iglesias, María Delfina Denogens, Lucrecia M. Rojas de Badaró llevaron adelante en el comienzo de este año el juicio por el tercer juicio por la Masacre de Margarita Belén. Fue tras la revocatoria por parte de la Cámara de Casación de la absolución del comisario, Alfredo Luis Chas, en el primer juicio por la Masacre.

El tribunal condenó a 15 años de prisión a Chas por considerarlo partícipe secundario del delito de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes (11 personas) y de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y por el transcurso del tiempo de otros cuatro detenidos políticos.

Entre los fundamentos de la sentencia, los magistrados señalaron que “en términos prácticos, la policía provincial se mimetizó con los despliegues militares, al punto tal que no existió repartición policial que hubiese quedado al margen de alguna tarea, fuese urbana o como en el caso, en el trazado de una ruta en un escenario rural por graficarlo de algún modo”.

En el fallo, los jueces describieron que la participación de Chas para que se cometiera la Masacre fue clave porque que fue él quien realizó el corte vehicular en la zona: el que finalmente cerró el perímetro para que se comentan los fusilamientos.

“El arribo de Carballo, Chas, Vargas y Cabral fue antes de que se iniciara el supuesto enfrentamiento porque, de última, de lo que se trataba era, precisamente, asegurar el perímetro y evitar que el eventual paso de algún rodado u otro medio de transporte, frustrara el cometido, además de convertirse en espectador inconveniente”.

“Innegablemente la maniobra del patrullero y las medidas ejecutadas por Chas formaron un ítem dentro del plan pergeñado y, en términos de resultado, puede concluirse, fue eficaz. No puede concebirse que Chas ignoró por completo de qué trataba aquella operación de traslado. La participación de Alfredo Luis Chas no puede excluirse del despliegue que implicó un disimulado traslado, un más que fingido ataque y un resultado de muertes y desapariciones”, sentenciaron.

Causa Conscriptos 

El próximo juicio por crímenes de lesa Humanidad en el Chaco tendrá que ver con la privación ilegal de la libertad y torturas en la Brigada de Investigaciones y en Alcaidía de Resistencia que sufrieron dos conscriptos del Regimiento La Liguria en 1976.

El tribunal estará integrado por Liliana Graciela Carnero, Noemí Marta Berros y Roberto López Arango, jueces de Paraná, Entre Ríos.

Los imputados son Ernesto Simoni, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón y Luis Alberto Patetta, todos del Ejército Argentino. También estarán en el banquillo José Francisco Rodríguez Valiente; Gabino Manader; José Marín; Juan de la Cruz López, de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, y Miguel Ángel Vittorello, de la Alcaidía Policial.

Al juicio también se sumará el juzgamiento del Comisario Domingo Mora de la Policía del Chaco por torturas a tres detenidos por razones políticas en la Brigada de Investigaciones en 1974, 1975 y 1976.

 

Fuente: Litigio

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