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Un nuevo pedido de desafuero amenaza con sacudir al Congreso

Es por la diputada oficialista Aída Ayala, acusada de manejos irregulares con fondos públicos. En Cambiemos admiten que sería indefendible. Es también un desafío para el kirchnerismo, que protegió a De Vido, y para el PJ, que rechaza el pedido por Cristina en el Senado.


Primero fue el pedido de desafuero del diputado Julio De Vido, rechazado en soledad por el kirchnreismo y que terminó con el ex ministro preso. La siguiente solicitud llegó al Senado y apuntó a Cristina Fernández de Kirchner, pero el peronismo en sus distintas vertientes hizo saber que no va a prosperar. La próxima partida será por la diputada oficialista Aída Ayala. Habrá que ver ahora cómo pesan los antecedentes. Si todo fuera lineal, podría pintar un cuadro paradójico: Cambiemos abriendo la puerta al pedido contra una integrante de su bloque, y parte de la oposición cerrándola.

Ayala fue intendente de Resistencia durante doce años y después funcionaria nacional, hasta que asumió como diputada el año pasado. El pedido en su contra fue impulsado por el fiscal federal de la capital chaqueña, Patricio Sabadini, y aceptado por la jueza federal Zunilda Niremperger. Según trascendió, el escrito habría sido girado anoche a Diputados. La acusación está referida a irregularidades en el servicio de recolección de basura, bajo figuras graves, entre ellas y en primer lugar, asociación ilícita.

Ahora bien, el tema de los desafueros siempre ha generado polémica en el terreno político, con posiciones que se modifican a veces impúdicamente según los lugares de oficialista o de opositor que asignan las elecciones. Pero además, conviven posturas enfrentadas en el propio Congreso: en la cámara de Diputados y en el Senado se vienen imponiendo criterios diferentes.
En Diputados, el caso de Julio De Vido expresó una definición votada mayoritariamente. Hubo un ensayo para apartar al ex ministro cuando su situación ya se complicaba seriamente en la Justicia y era público el pedido de detención por parte de un fiscal. Quedó claro entonces que una solicitud de esa naturaleza sólo sería tratada si era pedida formalmente por un juez, naturalmente en base a un procesamiento con orden de detención. Eso ocurrió en octubre, por el caso de Río Turbio, y el tema finalmente llegó al recinto.

La votación anotó 176 votos a favor, con la suma de Cambiemos, el massismo, una porción del peronismo no kirchnerista y otros aportes menores. El kirchnerismo decidió no bajar al debate, sin esperanzas de evitar el quórum pero para dejar plantada su posición: como frente a otras causas vinculadas con hechos o mecanismos de corrupción, reiteró su denuncia sobre “persecución política”. Menos estridentes fueron otras ausencias peronistas.
Otra historia se viene escribiendo en el Senado. Allí llegó a fines del año pasado el pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el memorándum con Irán. El kirchnerismo, reducido a un bloque minoritario, anotó también este caso en el rubro de una “persecución política”. Pero ocurre que el bloque peronista mayoritario, que encabeza Miguel Angel Pichetto y responde a los gobernadores del PJ, sostiene que no alcanza con el pedido de un juez. Afirma que debe haber condena firme, es decir, por lo menos de dos instancias judiciales. Los tiempos de la Justicia son extensos: esa posición actúa de hecho como un blindaje para Carlos Menem. Ahora, beneficia además a la ex presidente.
El Senado ni siquiera comenzó formalmente a analizar la cuestión. Hubo algunos cruces entre oficialistas y opositores cuando fue integrada la comisión que debe atender el tema. La ley dice que la comisión pertinente (Asuntos Constitucionales) tiene 60 días para tratar el pedido judicial, pero se cumpla o no ese trámite, la Cámara deberá pronunciarse en un plazo de 180 días. Se verá qué hacen los senadores, porque algunos ven un pasillo a transitar en silencio para dejar que la solicitud pierda validez por razones reglamentarias discutibles.

El caso de Ayala corresponde, claro, a Diputados, aunque los mensajes políticos no se agotan en una Cámara. El problema inicial se presenta para Cambiemos. Hasta ayer, apenas unos pocos integrantes de la primera línea de los bloques oficialistas tenían información concreta sobre el tema, alertados por el pedido del fiscal y por la versión que había dado la diputada ante algunos de sus colegas. Anoche, tarde, conocían la decisión de la jueza federal chaqueña.

La primera reacción, resumida por un par de fuentes de primer nivel, fue que debían analizar el caso pero que de ningún modo podrían oponerse al pedido de un juez. Por supuesto, pesan el antecedente del caso De Vido y la consideración sobre el altísimo costo que podría tener una actitud en sentido contrario. Por supuesto, la mejor salida sería que la propia legisladora encarara el camino de salida.

¿Cómo actuará el peronismo? El kirchnerismo basó la defensa de la ex presidenta y de varios ex funcionarios en lo que denuncia como una persecución articulada con la Justicia. Pero además coincide de hecho, en el Senado, con la posición que sostiene el requisito de condenas firmes para admitir desafueros. Para completar, se abre un interrogante sobre la posición que asumirá el bloque de diputados alineado con los gobernadores, es decir, si se maneja con criterio diferente al de sus colegas de la otra Cámara.
Es difícil saber si algún oficialista lo dirá en público, pero las especulaciones sobre operaciones político-judiciales también corren para el pedido de desafuero de Ayala. Dicen que el fiscal registra cercanía con el armado judicial kirchnerista, al menos hasta antes de ser trasladado a Resistencia. Y que la jueza jugaría posiciones similares. Apuntan centralmente a Jorge Capitanich y no al gobernador Domingo Peppo, también en la mira de la Justicia: varios de sus ex funcionarios enfrentan una causa por manejos con fondos públicos y algunos han sido detenidos.

Aún las fuentes oficialistas que señalan ese supuesto cuadro local advierten que nada de eso serviría como argumento –salvo que el caso sea desarmado en instancias de Cámara Federal- y que ésta será una prueba sobre su real posición en la materia, en espejo con la decisión expuesta en el caso de Julio de Vido. Tal vez, la legisladora podría allanar el camino si opta por renunciar a sus fueros: una salida polémica –incluso para constitucionalistas-, pero seguramente un alivio para sus compañeros de bloque. También, para muchos peronistas.

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