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Nación: Toman muestras de ADN en todo el país para crear un registro de violadores

Le realizan hisopados a detenidos y otros que ya están en libertad. Utilizarán esos datos para casos impunes y nuevas investigaciones.

Isabel Yaconis, mamá de Lucila Yaconis, fue una de las impulsoras de la ley.

 

El camino de la ley tiene la carga de lo injusto. Fue la impotencia y la bronca frente a la muerte de tres mujeres lo que le dio el impulso real. El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual empezó a gestarse en el dolor de Isabel Yaconis, la mamá de Lucila, asesinada una tarde de abril en 2003. En 2011 el proyecto para su creación tuvo media sanción de diputados pero fue recién en 2013, tras el crimen de Ángeles Rawson (16), que se convirtió en ley. La reglamentación llegó cuatro años después cuando otro abusador mató a Micaela García (21) en Gualeguay.

 

Ahora -a cinco años de sanción de la ley y a casi dos de su reglamentación- lentamente empiezan a tomar muestras en penales federales para que el ADN de personas condenadas por delitos sexuales figure en una base de datos y contribuya a resolver casos de todo el país.

 

Lucila Yaconis (16) fue asesinada en 2003 en el barrio porteño de Núñez. Su mamá motorizó la creación del registro.
Lucila Yaconis (16) fue asesinada en 2003 en el barrio porteño de Núñez. Su mamá motorizó la creación del registro.

 

El objetivo de la creación del banco de datos, informalmente llamado “registro de violadores”, es centralizar la información genética de personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual establecidos en los artículos 119 y 120 del código penal.

 

Según fuentes del Ministerio de Justicia, hay alrededor de 22 mil condenados cuyo ADN es factibles de ser incorporado a este registro. Para hacerlo deben ser sometidos a un hisopado que se analiza en laboratorios certificados y que, tras orden de los juzgados y por voluntad de jueces y fiscales, debe ser incorporado a esta base de datos.

 

Tal como lo establece la reglamentación de la ley, lo harán con condenados desde 2007 a esta parte, estén o no detenidos. En las causas nuevas, a medida que las sentencias queden firmes, los jueces tendrán cinco días hábiles para ordenar que se tome la muestra y se derive esa información al banco. En esta primera etapa la mayor parte de los procedimientos se concentra en las cárceles.

 

La ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual fue votada en 2011, tras el asesinato de Ángeles Rawson.
La ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual fue votada en 2011, tras el asesinato de Ángeles Rawson.

 

“Hemos analizado el universo de condenados, que son 21.511. Identificamos por jurisdicción dónde están y enviamos notas a los jueces para que ordenen el análisis para ser incorporados al registro. Hay 5.374 personas en condiciones de que se les tome la muestra. Para 3.031 ya se enviaron las notificaciones a los juzgados y resta que ellos ordenen el procedimiento”, explicaron en la dirección del registro.

 

Para los especialistas consultados por Clarín, el registro es una “herramienta” que contribuye a la identificación de sospechosos, pero destacan la necesidad “de abordar los casos en la justicia con perspectiva de género y de la infancia”.

 

Virginia Berlinerblau, médica especialista en psiquiatría infanto juvenil y medicina legal, opinó: “La iniciativa me parece muy buena. Hay que analizar la implementación, la cadena de custodia de esas muestras y la capacitación técnica del personal. Pero es una herramienta buena. Hacer ADN es caro pero más caro es dejar impunes sueltos”.

 

El crimen de Micaela García, en 2017, motorizó la reglamentación de la ley, que había quedado paralizada durante cuatro años.
El crimen de Micaela García, en 2017, motorizó la reglamentación de la ley, que había quedado paralizada durante cuatro años.

 

Además, explicó que “es bajo el porcentaje de casos en los que los abusadores dejan rastros genéticos”. Y agregó: “Me parece que tener la herramienta es mejor que no tenerla. Pero es en la minoría de los casos de abuso sexual en los que hay rastro. Las víctimas, sobre todo los niños, denuncian o hablan después de pasado el tiempo. Por eso es importante que las visiones ‘tradicionales’ se vayan modificando. Hay que trabajar con perspectiva de género y de la infancia en estos casos. Está muy bien el registro pero en un contexto en el que se entienda que es posible que no haya rastro o lesiones y que el abuso deja otras marcas”.

 

El proceso de recolección de muestras es lento. En un mes lograron tomar sólo cuatro muestras en los penales del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza y dos de condenados que están libres.

 

Al cierre de esta edición, además de las primeras seis muestras que extrajeron, había 45 en proceso en los penales de Marcos Paz, Esquel, Viedma, Ezeiza, Senillosa, Santa Rosa, General Roca y una en el Centro de Enfermedades Infecciosas.

 

Según cifras oficiales, el 40% de los condenados que deberían ser sometidos al hisopado no están presos. Se trata de violadores o abusadores en libertad y cuyos registros no están disponibles para ser cotejados en otros casos. Ellos deberán ser citados a penales o laboratorios, según lo disponga la Justicia.

 

Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Córdoba y Jujuy tienen registros provinciales que deberán articular con la base de datos nacional.

 

En Mendoza la ley provincial es más amplia y realiza el procedimiento en imputados y condenados por varios delitos, sin la restricción de que la sentencia esté firme, como sucede a nivel nacional. Esos códigos genéticos se comparan a través de un software creado por el FBI llamado Combined DNA Index System (CoDIS, por su siglas en inglés).

 

Según estimaciones oficiales, el objetivo de los responsables del registro es tener listas 3.000 muestras “para ser cotejadas en un año” con autores de delitos cuya identidad se desconozca a través del CoDIS.

 

Además de los condenados, al registro se deben sumar los ADN de casos sin resolver. Hace un mes el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, “recomendó” a los fiscales que tengan perfiles genéticos de “autores ignorados” (es decir de abusadores que hayan dejado rastros de ADN en sus víctimas o en escenas del crimen pero que la Justicia aún no haya logrado encontrar a quién pertenece) a que también integren esos datos al registro nacional.

 

Los laboratorios, a partir de ahora, pueden enviar esa información para que se unifique. Al momento sólo lo hicieron con 15 sospechosos.

 

Una de las primeras -dicen fuentes del Registro Nacional- llegó del Juzgado Criminal y Correccional N° 15, a cargo de Karina Zucconi. Ese juzgado es el que investiga el crimen de Lucila Yaconis, que acumula 15 años de impunidad.

 

A Lucila la asfixiaron hasta matarla en el cruce de las vías del Ferrocarril Mitre y la calle Vilela, a una cuadra de su casa de Núñez. Su asesino quiso violarla y dejó rastros de ADN en su cuerpo. Pasaron 15 años y más de 50 cotejos que dieron negativo. Nunca descubrieron quién fue y su asesino sigue libre.

 

El camino de Isabel, su mamá, fue de búsqueda. “Me han contagiado la esperanza de encontrar al asesino de mi hija a través del registro, pero para mí que haya un banco de datos genéticos fue la lucha y el anhelo de que quede algo después de lo que pasó con Lucila. Es una forma de tenerla todos los días y, de alguna manera, cercar a los que tanto daño hacen”, le contó a Clarín Isabel, creadora de la ONG Madres del Dolor. Y analizó: “Hay un antes y un después de lo que pasó con mi hija. La palabra violación estaba prohibida. Si una mujer era víctima de un abuso, lo callaba y lo escondía por vergüenza. Hoy se ha logrado empezar a cambiar eso y eso también es importante.”

 

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2017 hubo 3.921 víctimas de violaciones y 11.213 de otros delitos contra la identidad sexual.

 

Clarín

 

 

 

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