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Misiones: La provincia se suma al debate sobre la prohibición del glifosato

La Legislatura provincial analiza varios proyectos que buscan regular el uso y comercialización de agroquímicos. Empresarios y sectores de la producción reclaman alternativas a la restricción

Misiones se sumó a los distritos que debaten en su Legislatura la prohibición del uso del glifosato para la producción agraria. Desde comienzos de año son tres los proyectos que desfilan por media decena de comisiones, y que cada jueves escuchan a organizaciones de productores, campesinos, industriales, investigadores y académicos.

Sin embargo, el camino no está allanado para los diputados misioneros quienes se encontraron con la resistencia de los sectores empresarios. A mediados de junio, representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM), se reunieron con el Ministro del Agro y la Producción, Ing. José Luis Garay.
Durante el encuentro, los industriales misioneros le manifestaron al funcionario su preocupación por la posibilidad de que se prohíba el uso de agroquímicos bajo el argumento de que, en la actualidad, los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese producto. Además, le plantearon su inquietud por el impacto económico negativo que provocaría una ley que regule el uso de fitosanitarios.

En la mira

Una de las iniciativas pertenece a la ex diputada provincial y actual Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, quien en diálogo con Infobae destacó que en Misiones “hay unos 30 mil pequeños productores que tienen su arraigo y generan su propio empleo. Muchos utilizan los agroquímicos porque no tienen toda la información necesaria para saber cuál es el mejor producto, cuánta es la dosis correcta, o desconocen cómo manejar el período de carencia”. Para la funcionaria, “a esto hay que sumarle que en la provincia tenemos un 95% de frontera a través de la cual ingresan al país productos fitosanitarios ilegales”.

Ferreira presentó su iniciativa en 2015 cuando era legisladora luego de escuchar los reclamos de integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones. A partir de allí elaboró un proyecto que estipulaba la prohibición del uso y comercialización del glifosato en todo el territorio provincial y también de otros productos que se conocen a nivel mundial como “la docena maldita”.

Este grupo de plaguicidas ya fueron restringidos en su uso o prohibidos por su alta toxicidad y recibieron el rechazo de entidades a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que pueden generar en la salud humana, los animales, las plantas y el medio ambiente. Entre ellos figuran los insecticidas organiclorados denominados comúnmente como DDT, el Gamexane, Aldrin-Dieldrin-Endrin, Clordano-Heptacloro; el insecticida organofosforado conocido como Paration o Folidol; el Toxafeno o Confecloro; el herbicida Paraquat o Gramoxone; el Tributon 60 o Tordon Basal; el acaricida Galecron o Fundal; el insecticida halocarbono Bromofume o Granosan; el insecticida clorinado Pentaclorofenol; y el nematicida halocarburo Nemafume o Nemagón.

Buscar consenso

Según Ferreira, “no se trata de prohibir por prohibir, sino de generar un debate y construir la mejor ley entre todos”. La ministra explicó que hay que establecer “un período de transición en el que se generen otras alternativas a los actuales sistemas de producción, como los agroecológicos o biodinámicos (este tipo de agricultura hace hincapié en la interrelación entre suelos, plantas y animales, tratando el conjunto como un sistema en equilibrio, evitando intervenciones externas y el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales), que están desarrollados en la provincia aunque todavía de manera incipiente” y agregó: “Hay muchos mitos acerca de que es imposible producir sin químicos. Es una cuestión cultural que nos va a llevar tiempo cambiar”.

Otro de los proyectos es del diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS) y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Martín Sereno, quien también dialogó con este medio y advirtió que “si queremos reemplazar el uso de estos productos tenemos que darles a los productores una alternativa; no es cuestión de prohibir el uso de estas herramientas porque los vamos a dejar en un callejón sin salida”.

El legislador señaló que “el proyecto que se vote tiene que incluir una participación más activa del Estado para que intervenga en el sostenimiento de nuevos proyectos productivos que cambien el modelo actual. Estimamos que se necesitan por los menos cinco años para cambiar la forma de producir de una provincia”, aclaró.

Sereno también observó que en Misiones “no todas las producciones usan agroquímicos, y no todas las que los usan, necesitan hacerlo. Por ejemplo, en la producción tabacalera, los minifundistas no utilizan el glifosato durante la época de siembra y cosecha; algunos lo hacen pero en la etapa previa, como herramienta para limpiar el terreno”, afirmó.

Voces en contra

El presidente de la CEM (la Cámara empresaria misionera), Alejandro Haene, señaló que el sector productivo “le da un uso responsable al glifosato”. El dirigente recordó que “en la Unión Europea se extendió por 5 años el permiso para su utilización” y añadió que “no existe un sólo indicio de que su uso acarree problemas médicos a quienes lo utilizan”.

Haene manifestó que “el glifosato no puede ser desterrado de la noche a la mañana. Necesitamos una mayor interacción entre los sectores público y privado. En definitiva, el sector privado es el generador de empleo, el que paga los impuestos, el que hace al sostenimiento de la economía provincial”.

Por su parte, Fernando Acosta, representante de Empresarios Tealeros de la Argentina, dijo que “la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. No se puede tomar una medida de este tipo de un día para otro. Tenemos que pensar en otras alternativas”. El dirigente resaltó que “el glifosato es una herramienta de trabajo que hay que manejar con mucha responsabilidad y también el Estado tiene que estar muy presente. Hay que pensar en la gente que trabaja”, sostuvo.

En tanto, el titular de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (CoTTaPRoM), René Urbieta, consideró que “en el tema del glifosato, vemos que todavía falta mucha información en la sociedad. Todavía sigue sin haber alternativas para el sector productivo. Si hubiera alguna herramienta para sustituirlo, se lo reemplazaría de manera eficiente”.

El dirigente tabacalero destacó que “hay un proyecto que hace hincapié en el control por parte del Estado en la utilización de los agroquímicos y en la capacitación de los productores y de quienes lo venden para que el uso sea más eficaz y correcto”. Además se mostró confiado en que se pueda “consensuar entre todos los sectores alguna modificación a la Ley de Agroquímicos en beneficio de la sociedad”.

Debate nacional

En abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la norma que regula la comercialización y uso de fitosanitarios en todo el espacio urbano. En la ciudad de Rosario, los ediles dieron luz verde a una ordenanza similar respecto a la prohibición de aplicar de herbicidas alrededor de las zonas pobladas, que hoy las entidades que conforman la Mesa de Enlace santafesina buscan modificar a través una nueva Ley de Fitosanitarios.

El debate también llegó a la ciudad de Córdoba donde por estos días está en espera para ser votado un proyecto de ordenanza que propicia prohibir en su cercado municipal “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta” del glifosato en todas sus variantes, “sea para uso agronómico o en espacios urbanos públicos y privados”, dentro del que se incluye a la jardinería.

El Concejo Deliberante de la capital cordobesa le dio estado parlamentario y podría ser tratado en los próximos días, según confirmó a medios locales uno de sus autores, el concejal Tomás Méndez, del bloque Vamos Córdoba. En los argumentos, la iniciativa reconoce que en “nuestro país, pese al riesgo científicamente demostrado del glifosato sobre la salud de las personas y el ambiente, y ser probable cancerígeno humano para la Agencia lnternacional para la lnvestigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) sigue considerándolo dentro de los plaguicidas que normalmente no ofrecen peligro, Clase lV, banda verde”.

La misionera Ferreira calificó como “bueno” que las provincias “vayan planteándole acciones concretas al Gobierno Nacional para ver en qué momento toma nota. Yo estoy muy preocupada por lo que pasa en mi provincia, pero no puedo ser tan egoísta y no pensar en el resto de los argentinos que todavía no tienen ninguna determinación respecto al uso de estos productos que son tan dañinos para la salud de las personas pero también para la integridad del suelo y del ambiente”, se descargó.

En esa línea, el legislador Sereno se mostró a favor de “reformular la orientación rural para volver a la agricultura más que a la agroindustria, buscando un equilibrio entre ambas. Este debate trata de lo que queremos y cómo queremos producirlo, pero también de lo que queremos consumir”, dijo.

Fuente: Infobae

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