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El Partido Justicialista rechaza la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner

Los argentinos amanecimos con una nueva decisión de un Juez de la Nación que a la vista de todos suena descabellada, no solo por los argumentos que allí se sostienen, sino también porque se desconocen principios básicos del Derecho.

 

La resolución dictada por el Juez Claudio Bonadio determina arbitraria e infundadamente los procesamientos, embargos y prisiones preventivas de los involucrados en la causa caratulada “Timerman, Héctor y otros s/ Encubrimiento”. Entre ellos, se encuentran la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de la anterior gestión a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.

 

El Juez Bonadio ha perpetrado un atropello a pautas elementales de nuestro ordenamiento jurídico. No existen elementos razonables para proceder con los procesamientos ordenados. Menos aún para imponer la prisión preventiva de las personas involucradas en la causa.

 

La prisión preventiva no es una medida ordinaria. Afecta derechos esenciales de las personas. Por ende, solo procede ante casos excepcionales. Y siempre debe estar debidamente fundada. La libertad personal no puede depender de presiones mediáticas, ni quedar a merced del capricho de un juez.

 

El Juez Bonadio, así, consuma con su decisión una alteración de nuestras bases jurídicas e institucionales. Decisión que, por lo tanto, reprochamos y solicitamos que sea prontamente desestimada a efectos de reponer la vigencia de nuestra Constitución.

 

Se deben resguardar los derechos fundamentales de todos los argentinos. Pero, en particular, hoy venimos a defender a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que ven vulnerados injustamente sus derechos y garantías por quienes dicen falazmente llamarse la Justicia.

 

Observamos con preocupación que detrás de estas medidas judiciales, que casualmente se producen hacia el final de la semana laborable para ocupar los espacios mediáticos del fin de semana, existe la intención de ocultar una delicada realidad política, económica y social a la que nos ha arrastrado el Gobierno de Mauricio Macri.

 

Los argentinos en general y los peronistas en particular sabemos de atropellos y persecuciones. Para oponernos a cualquier intento de abuso que se parezca a persecución política solo basta recordar el Decreto 4161/56 de Aramburu.

 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional del Partido Justicialista no puede ni va a permanecer en silencio ante semejante atropello judicial y mediático, que solo busca profundizar el clima de revancha social.

 

 

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